Las obras hidráulicas construidas o auxiliadas por el Estado llevadas a cabo en grandes zonas regables tienen, de conformidad con el texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobado por Decreto 118/1973, de 12 de enero, la consideración de actuaciones de transformación económica y social de interés general, cuyo objeto es el de cambiar profundamente las condiciones económicas y sociales de tales zonas cuando ello requiere de obras o trabajos complejos que, por superar la capacidad privada, hacen necesario el apoyo técnico, financiero y jurídico del Estado. 

Estas infraestructuras son de titularidad estatal y son gestionadas y mantenidas por el Organismo, a través de pliegos de servicios en los que anualmente se invierten millones de euros, así como a través de obras y proyectos recogidos en los Planes Hidrológicos de Cuenca, incluyendo los proyectos de modernización de regadíos.